POBREZA Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Desde que con motivo de la Cumbre del Milenio 149 países asumiesen el compromiso de combatir la pobreza, pretendiendo reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos no llegaban a un dólar diario, se ha logrado un consenso amplio sobre qué tal combate debe ser un objetivo primordial de las políticas públicas. Lo cual no se ha visto correspondido, sin embargo, con alcanzar en estos años resultados esperanzadores. Es más, a medida que se ha ampliado el cómo evaluar la pobreza, considerando más carencias que las meramente económicas, se ha visto lo complejo y difícil de su erradicación.

Así, en la Agenda 2030 y en sus ODS´s es fácil apreciar como aquel objetivo de la Cumbre del Milenio se ha ampliado con otros que hacen referencia a desterrar el hambre, a acrecentar la salud y el bienestar, a lograr una educación de calidad y a reducir las desigualdades, por citar algunos de los más decisivos para la calidad de vida. Y a los que se podrían sumar otros como los relativos a la igualdad de género o al trabajo decente que garanticen que tal desarrollo permita una vida digna, que evite la exclusión y configuren sociedades inclusivas y solidarias.

A ello cabe añadir que la formulación de políticas públicas desde entonces ha sido dispar y se ha articulado mediante formas diversas. Siendo más alentador en aquellas sociedades que valoran mejor lo que significa la cohesión social, o que tratan de atajar de inmediato las desigualdades que van apareciendo al compás del desarrollo socioeconómico. Aunque ello suponga también articular medidas para ampliar los recursos con que atender las necesidades que la lucha en favor de una vida digna para todos requiere. O, lo que es lo mismo, cómo hacerlo para poder sufragar los retos inducidos por las nuevas facetas de la pobreza y así evitar la vulnerabilidad de quienes llevan una existencia precaria y, en muchas ocasiones, sin esperanzas plausibles de abandonarla.